En todo el mundo, los gobiernos están instaurando estándares de calidad para los servicios destinados a la primera infancia. Esto resulta especialmente importante cuando los modelos de prestación son numerosos y diversos, como ocurre en gran parte del sur y el sureste de Asia (donde coexisten modelos de financiación pública, privados y comunitarios). Dichos estándares establecen unas expectativas claras sobre los conocimientos y las competencias que debe tener el personal que trabaja con la primera infancia y describen cómo deben trabajar con los niños pequeños y sus familias. En ocasiones, solo definen una serie de mínimos; otras veces señalan a los proveedores de servicios qué camino seguir para mejorar la calidad.

En la India, por ejemplo, el marco de los estándares de calidad se asienta sobre la política nacional de 2013 sobre la atención y la educación de la primera infancia (Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Infantil, 2013, 2014). En él se describen una serie de estándares mínimos que tienen que cumplir necesariamente las guarderías, los centros preescolares y otros proveedores
de servicios para la primera infancia: que haya al menos un adulto formado por cada diez niños de menos de 3 años y al menos uno por cada 20 niños de entre 3 y 6 años; que exista un programa curricular acorde a la edad, centrado en los niños e impartido en la lengua materna de los pequeños; y que haya servicios higiénicos adaptados para los niños, agua potable y una zona aislada para cocinar. Sin embargo, también se especifica claramente que los estándares mínimos “no negociables” no bastan para que la calidad del servicio se considere buena.

De este modo, se anima a los proveedores de servicios para que cumplan con los indicadores que se especifican en los estándares de calidad. Esos indicadores se agrupan en ocho estándares, que a su vez se dividen en distintos elementos. Por ejemplo, entre los elementos del primer estándar (interacciones) se incluyen las interacciones del niño con sus compañeros, los docentes y el entorno, así como la interacción de los profesionales con las familias y entre ellos. Como indicadores, tenemos afirmaciones como “los cuidadores animan a los niños a pensar, razonar, preguntar y experimentar” o “se anima a los niños a negociar y resolver los conflictos de forma pacífica, con la intervención y los consejos de los adultos cuando es necesario”. Otros estándares e indicadores cubren aspectos como el lavado de manos antes de comer, la existencia de suficiente espacio al aire libre, la disponibilidad de libros o la contabilidad.

Los estándares de calidad también proponen la creación de un sistema de registro nacional obligatorio para todos los proveedores de servicios de AEPI que conlleve evaluaciones y acreditaciones. Sin embargo, de momento esto no es más que una sugerencia que aún no se ha implantado a escala nacional. Para cubrir esa carencia, algunos gobiernos estatales están creando sus propias instituciones de supervisión: por ejemplo, Himachal Pradesh ha presentado
un proyecto de ley en 2017 para crear un organismo con una gran variedad de competencias para regular los centros de educación infantil privados, mientras que Telangana está formando un consejo estatal que se haga responsable de las instituciones privadas que prestan servicios a niños menores de 6 años.

Hay ejemplos de sistemas de registro obligatorio en otros puntos de la región, como los que se describen a continuación.


Singapur
La Early Childhood Development Agency (ECDA), fundada en 2013, supervisa los centros de educación infantil destinados a niños de entre 2 y 7 años, así como los que se ocupan de cuidar a niños a partir de los dos meses de vida. Se trata de una agencia multisectorial, que depende del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familiar. El modelo de control de calidad que impulsa contempla siete aspectos: liderazgo, planificación y dirección; gestión del personal; recursos; programación curricular; pedagogía; y salud, higiene y seguridad.

Es obligatorio para los proveedores registrarse en la ECDA y demostrar que cumplen los requisitos mínimos de calidad para recibir la licencia de apertura, un proceso que conlleva visitas del organismo regulador. De esta forma, los proveedores pueden consultar los indicadores de la escala de evaluación de la ECDA para comprobar si están en situación de obtener el certificado del marco de acreditación preescolar de Singapur y, si es así, solicitar que se realice el proceso de evaluación mediante observación de las clases, entrevistas y
revisiones de la documentación.


Filipinas
La ley sobre primera infancia de 2013 otorga al Consejo para la Atención y el Desarrollo de la Primera Infancia la potestad de supervisar los servicios destinados a los niños de 0 a 4 años, mientras que el Departamento de Educación se haría cargo de la labor a partir de los 5 años. El consejo cuenta con una junta rectora multisectorial de alto nivel que preside el secretario de educación e incluye al secretario del Departamento de Bienestar y Desarrollo Social, el secretario del Departamento de Sanidad, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Nutrición y el presidente de la Unión de Autoridades Locales de Filipinas, así como un experto que designa el presidente.

Los proveedores de servicios destinados a la primera infancia tienen que registrarse ante la autoridad municipal seis meses antes de la inauguración. Un empleado municipal visita las instalaciones para decidir si se otorga la licencia de apertura, que tiene una validez de tres años. Posteriormente, los proveedores pueden solicitar el “reconocimiento”, cuyo proceso conlleva más evaluaciones sobre el estándar de calidad en varios aspectos: sanidad, nutrición y seguridad; entorno físico y seguridad; interacciones; cualificaciones del personal y formación continua; programación curricular, didáctica y evaluación; implicación de las familias y vínculos con la comunidad; y liderazgo, gestión del programa y asistencia.


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Photo: Jim Holmes/Bernard van Leer Foundation

Cada país tiene su propio contexto y circunstancias, y los del sur y el sureste de Asia se encuentran en fases diferentes del proceso de creación y aplicación de estándares. No obstante, tras las distintas experiencias en esta región, ya se puede sacar una serie de conclusiones comunes:

  • Los estándares se deben definir de forma que los proveedores de servicios entiendan claramente lo que tienen que hacer para cumplirlos, con una lista explícita y exhaustiva de indicadores que se puedan ir alcanzando de forma progresiva.
  • Para que los proveedores de servicios cumplan los estándares obligatorios, es posible que necesiten tiempo y asistencia técnica. Las instancias inferiores del gobierno, ya sean provinciales o de distrito, podrían ser las idóneas para prestar dicha asistencia.
  • La creación de estándares de calidad debe ir acompañada del desarrollo de herramientas para medir y evaluar la calidad de los programas, el aprendizaje y los cuidadores. En este sentido, resultan útiles las herramientas de acreditación creadas por la ECDA en Singapur, la Early Childhood Education Quality Assessment Scale (escala de evaluación de la calidad de la educación de la primera infancia) ideada por el Centre for Early Childhood Education and Development de la India y las herramientas SABER del Banco Mundial.
  • Las agencias centrales dedicadas a la primera infancia están en posición de proporcionar consejos técnicos específicos para la creación y aplicación de estándares, como ocurre en Singapur y Filipinas. La fundación de un consejo de ámbito nacional garantiza que las actividades relacionadas con el control de calidad se realicen de forma coordinada.
  • Si bien lo idóneo es aplicar un solo conjunto de estándares para todos los proveedores de servicios, es posible que al principio haya que tener en cuenta el contexto al fijar los estándares. Por ejemplo, los centros preescolares comunitarios situados en regiones remotas de países como la República Democrática Popular Lao y Timor Oriental podrían experimentar dificultades a la hora de cumplir ciertos estándares que son apropiados para centros con financiación pública o privados de zonas urbanas.
  • La inclusión social se debe considerar como una dimensión adicional de la
    calidad, transversal a todas las demás dimensiones.

En definitiva, el éxito de la aplicación de estándares dependerá de la solidez de los marcos legislativos, la existencia de compromisos de financiación adecuados, la capacitación de las partes implicadas del sector y la adopción de un enfoque estratégico colaborativo que involucre a las comunidades, las distintas instancias públicas, la sociedad civil, los organismos de desarrollo y el sector privado.


Se pueden consultar referencias en la versión en PDF del artículo.

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